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Las empresas de Colombia luchan en medio del aumento de las infecciones por coronavirus

Ciñéndose a las estrictas normas de bloqueo, Colombia logró mantener las infecciones por coronavirus por debajo de 100.000 en los tres primeros meses después de que el gobierno declarara una emergencia sanitaria el 25 de marzo.

Pero a medida que más negocios reabrieron a principios de julio, el número de infecciones ha aumentado considerablemente a más de 310.000. Más de 10.000 colombianos han muerto.


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Debido a la rápida propagación de COVID-19 en las grandes ciudades, se han vuelto a imponer medidas de cuarentena en los barrios afectados. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla están llegando al límite de su capacidad y el presidente Iván Duque ha ampliado el cierre parcial por séptima vez.

Los costos de la pandemia

Al igual que en muchos otros países, la pandemia está cobrando un alto precio económico. Según el gobierno colombiano, la actividad económica del país se redujo en un 17% en el segundo trimestre de 2020. La tasa de desempleo alcanzó el 21% en mayo y por lo tanto fue el doble que el año anterior.

Según el Ministerio de Hacienda colombiano, el producto interior bruto (PIB) de la nación disminuirá un 5,5% en 2020. El Fondo Monetario Internacional pinta un cuadro aún más sombrío, pronosticando una caída del 7,8% en la cuarta economía más grande de América Latina.


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En respuesta, el gobierno del presidente Iván Duque inyectó 9.000 millones de dólares en el Banco de la República (el banco central de Colombia) al comienzo de la emergencia sanitaria. El Banco Central redujo la reserva monetaria, imprimió más dinero y llegó a un acuerdo temporal para absorber la deuda del gobierno y las empresas. El decreto 811 del 4 de junio allanó el camino para que el gobierno comprara acciones de empresas privadas como la aerolínea Avianca, que a principios de mayo presentó una petición de alivio bajo el capítulo 11 del código de bancarrota de los Estados Unidos.

Los bancos del conglomerado Grupo Aval, el mayor grupo financiero de Colombia, también intervinieron y acordaron tasas preferenciales para los prestatarios. El gobierno dio 165 millones de dólares al Banco de Comercio Exterior, (Bancoldex), que amplió los préstamos para las pequeñas y medianas empresas afiliadas al programa “Colombia Responde”.

A pesar de que estos préstamos han sido de cierta ayuda para las empresas, principalmente del sector manufacturero, el plan del gobierno para hacer frente a la pandemia ha sido objeto de críticas. Los prestamistas siguen negando en gran medida el acceso a estos préstamos necesarios para la supervivencia de las empresas medianas y pequeñas, como informó La Silla Vacia. Además, la ayuda financiera para las empresas no ha beneficiado al enorme número de trabajadores informales.

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Los mineros salen del túnel después de su turno en la mina de carbón La Flauta en Tausa, Colombia. El gobierno deposita grandes esperanzas en la industria minera de la nación mientras Colombia lucha por poner en marcha la economía de nuevo.

La pobreza va en aumento

Alrededor del 46% de toda la población activa de Colombia depende del trabajo informal. Es un fenómeno complejo que incluye a los trabajadores domésticos, los comerciantes, la construcción y los trabajadores del campo. Se estima que 5,7 millones de los 11,9 millones de trabajadores de la nación viven de lo que ganan sin pagar el impuesto sobre la renta. Como resultado, no tienen acceso al trabajo y a los beneficios de salud. Muchos han perdido sus medios de vida en medio de las medidas de bloqueo.


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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un aumento masivo de la pobreza en la región. “La mayor caída del PIB regional en un siglo empujará a 16 millones de personas más a condiciones de extrema pobreza en 2020, en comparación con el año anterior, hasta alcanzar un total de 83,4 millones de personas. El impacto sobre el hambre también será muy significativo”, escribe la comisión en su último informe.

La pobreza en Colombia, que se ha reducido en la última década, podría volver a aumentar en un 15%, afectando a la clase media. Para hacer frente a este aumento sin precedentes de la pobreza, el gobierno ha creado un “ingreso solidario” temporal equivalente a 44 dólares estadounidenses al mes, que se ha ampliado recientemente hasta junio de 2021.

Sin embargo, la cantidad asignada no es ni siquiera suficiente para comprar una cesta de productos estándar que para una familia de cuatro personas cuesta hasta 80 dólares al mes. Además, muchos colombianos que viven en la pobreza no tienen una cuenta bancaria ni acceso a la información sobre los programas de ayuda existentes. Sólo 2 millones de los 9,4 millones de pobres del país han recibido “ingresos solidarios”. Durante el encierro, la mayoría de las entidades privadas, empresas y ONGs han estado distribuyendo donaciones de alimentos a los que pasan hambre.


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No hay plan para un reinicio

Pero, ¿cómo podrá Colombia poner en marcha su economía mientras esté en modo de crisis? Para la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez la clave son las industrias extractivas: “El sector minero contribuye significativamente a través de las regalías mineras y es muy importante para Colombia, representa el 15% de la inversión extranjera total, el 27% de las exportaciones nacionales y el 2% del PIB”, enfatizó Ramírez durante un panel de discusión con la Asociación Minera Colombiana (ACM) a principios de julio.

Sin embargo, la demanda internacional y nacional de productos básicos sigue disminuyendo, lo que pesa sobre los precios del petróleo, el carbón y el coque. Además, las nuevas normas de higiene y las restricciones de movilidad afectan a las capacidades de las empresas mineras, según el Boletín Económico de la ACM.


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Aunque la demanda de productos mineros aumente en el próximo trimestre y en adelante, la minería por sí sola no puede revertir el fuerte impacto económico de la pandemia.

Desde hace varios meses, un grupo de senadores y miembros de la Cámara de Representantes han estado instando al presidente a establecer un ingreso básico temporal con miras a aumentar el consumo. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rechazó la propuesta, pero considera una nueva reforma financiera para compensar los déficits actuales.

En concreto, pretende reducir la deuda externa que se situó en el 42,7% del PIB el año pasado y que podría aumentar hasta el 65% en 2020.

La pandemia de coronavirus ha revelado problemas estructurales en Colombia. La fuerte dependencia del petróleo y otros bienes mineros hace que el país sea vulnerable a la volatilidad del mercado minero.

Además, el aumento de la mano de obra informal no sólo significa una enorme pérdida económica para el Estado colombiano, sino que también perpetúa las desigualdades sociales que han alimentado el conflicto armado del país durante 60 años.


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