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La salida de la crisis de Colombia

Las proyecciones son sombrías: Una contracción económica que no se ha visto en al menos un siglo, el desempleo aumentando al 20% y las tasas de pobreza superando el 30%, revirtiendo décadas de progreso económico y social. El escenario para Colombia – y América Latina – es probablemente el más desafiante que nuestra generación ha enfrentado. Pero hay formas de mitigar estos efectos a través de la política fiscal y de reformas económicas largamente esperadas.


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La expansión de COVID-19 ha afectado negativamente a las vidas y los medios de vida. Pero lo ha hecho de manera desigual, perjudicando sobre todo a los pobres y a los que tienen más probabilidades de volver a la pobreza. Esto es especialmente cierto en el caso de América Latina y sus altas tasas de informalidad. Una gran proporción de la población vive con poca protección laboral, obteniendo sus ingresos en actividades de mano a mano que se ven gravemente afectadas por las medidas de cierre.

Colombia se movió rápidamente en los aspectos de salud pública y económicos. El 25 de marzo se impuso un bloqueo nacional, pocos días después de que el gobierno declarara el estado de emergencia y creara un fondo de emergencia equivalente al 2,8% del producto interno bruto (PIB) del país. El fondo tiene por objeto financiar los gastos de salud y otros gastos relacionados con la emergencia, proporcionar hasta el 90% de las garantías del gobierno a los créditos para las PYMES y aumentar las transferencias a las familias pobres y los hogares vulnerables.

Para constituir el fondo de emergencia, el Gobierno combinó los recursos de un fondo de regalías del petróleo y la minería creado en 2012 con reservas que ascendían al 1,5% del PIB, emisiones de bonos nacionales y otras fuentes por un 1,3% adicional del PIB.

A pesar de estos esfuerzos, nuestras estimaciones muestran que la economía colombiana podría contraerse este año entre el 2,7% y el 7,9%, con un escenario medio de una disminución del 5% del PIB. El desempleo, que el año pasado se situó en el 10,5%, podría aumentar hasta el 20%. Los niveles de pobreza podrían aumentar del 27% al 34% de la población, revirtiendo casi diez años de progreso en este frente. De acuerdo con nuestro pronóstico, la estimación más reciente del gobierno es una contracción del 5,5% este año, que sería la mayor de Colombia en al menos un siglo.

La velocidad de recuperación del país dependerá en gran medida de la profundidad y la eficacia de las medidas anticíclicas que se adopten, por lo que hoy en día las consideraciones fiscales deben pasar a un segundo plano.

Respuestas en la región

Para mitigar el impacto negativo de los cierres en toda la región, los gobiernos han actuado con rapidez para ampliar las transferencias a los hogares a través de sofisticadas redes de seguridad construidas en los dos últimos decenios. Para evitar que los problemas temporales de liquidez se conviertan en quiebras, las autoridades han ideado instrumentos como líneas de crédito garantizadas por el gobierno y subsidios directos para mantener a las empresas a flote. Esto es clave. La historia demuestra que la ruptura innecesaria de los encuentros productivos entre empresas y trabajadores impone un peaje negativo al crecimiento y tarda demasiado en recuperarse.

Pero la magnitud de las respuestas fiscales ha variado notablemente de un país a otro. Según el FMI, mientras que Argentina y Colombia han establecido paquetes de apoyo del orden del 3% del PIB, Chile lo ha hecho en un 4,7% del PIB, mientras que Brasil y Perú están más cerca del 7% del PIB. El promedio de estos cinco países es del 4,8% del PIB, lo cual es muy poco comparado con el tamaño de la respuesta prevista por los Estados Unidos (al menos el 12% del PIB).


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¿Qué impide a los países latinoamericanos aumentar su apoyo fiscal? Una respuesta es la falta de financiación. La crisis actual induce a la “fuga hacia la calidad”, es decir, un cambio repentino en el apetito de riesgo de los inversores, que cambian sus carteras de activos de mayor riesgo a activos más seguros, típicamente bonos del gobierno de las economías avanzadas. Otra es la falta de espacio fiscal. Aunque algunos países estaban en mejores condiciones de soportar la actual crisis debido a sus bajos niveles de endeudamiento y a sus buenas calificaciones crediticias, según el Perú, a diferencia de la Argentina, la mayoría de los países temen un gran deterioro de sus saldos públicos debido a los riesgos asociados a la reducción de la calificación crediticia y a la salida de capitales, lo que amplificaría aún más la crisis económica.

Ese temor es erróneo. La situación actual es verdaderamente extraordinaria: Se trata de una conmoción extremadamente grande, inesperada y temporal, que según la teoría de las finanzas públicas debería financiarse mediante la emisión de deuda. La adopción de medidas rápidas y amplias para sostener la actividad económica y el empleo permitirá una recuperación más rápida y un crecimiento más rápido, y también implica mejores perspectivas de sostenibilidad de la deuda. Los países deberían entonces utilizar todo el espacio fiscal posible para evitar una catástrofe económica que podría borrar todos los logros económicos y sociales de la región durante este siglo.

Bandera colombiana

Se necesitan reformas

La crisis ha puesto en primer plano muchos problemas estructurales de larga data en la región. Los grandes sectores informales perjudican la productividad y dificultan que los gobiernos orienten adecuadamente los préstamos y subsidios en los malos tiempos, y recauden impuestos en los buenos. La escasa recaudación de impuestos implica una débil capacidad del Estado para proporcionar bienes públicos de calidad y transferencias sociales a los más necesitados. Esta capacidad sólo se debilitará debido a la caída de los ingresos fiscales a medida que se contraiga la actividad económica.


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Pero la crisis abrirá una ventana de oportunidad, en la que un consenso político difícil de encontrar permitirá la aplicación de reformas que de otro modo serían difíciles e impopulares.

Una de estas reformas debería estar dirigida directamente a reducir las altas tasas de informalidad de la región, que rondan en promedio el 50% del total de la fuerza laboral. Experiencias recientes exitosas muestran que la reducción de los costos de la mano de obra formal no salarial es clave. Colombia pudo reducir su tasa de informalidad de forma permanente en unos 3 puntos porcentuales mediante una reforma del mercado laboral en 2012 que redujo el costo de contratar a alguien formalmente. El precio relativo de los empleos formales frente a los informales importa, por lo que un mayor progreso en este frente es fundamental para América Latina.

Otra reforma es la ampliación de la base impositiva, al aumentar sustancialmente la fracción de la población que debe presentar una declaración de impuestos. La región suele recaudar menos del 2% del PIB en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas, con una estructura fuertemente sesgada hacia el impuesto sobre la renta de las empresas, mientras que las economías de la OCDE recaudan un 8,3% en promedio. Los países deberían ampliar las bases impositivas sin modificar los tipos impositivos en un primer momento, pero a medida que el crecimiento se recupere esos impuestos podrían ser una importante fuente de ingresos. Colombia recauda actualmente el 1,2% del PIB por concepto de impuestos sobre la renta de las personas físicas, y la tasa más baja comienza con el doble del ingreso per cápita, muy por encima de las normas de la OCDE (alrededor de la mitad del ingreso per cápita). Esto debería ser fijo.

La región también debería examinar cuidadosamente las exenciones fiscales, tanto en el impuesto indirecto como en el impuesto sobre la renta de las sociedades. Las exenciones del impuesto sobre el valor añadido son regresivas, ya que los hogares de bajos ingresos compran principalmente bienes en los mercados informales, por lo que los beneficios de estas exenciones recaen principalmente en las familias de ingresos medios y altos. Esto aumenta la desigualdad del sistema tributario. Muchos países también tienen códigos fiscales complicados, con una miríada de exenciones sectoriales para las empresas que disminuyen los ingresos fiscales. Estas exenciones son difíciles de eliminar en épocas normales, pero ahora deben ser consideradas cuidadosamente y es de esperar que se eliminen.

También son esenciales las reformas para aumentar las tasas de ahorro. Con pocas excepciones, los mercados de capital en América Latina son poco profundos o casi inexistentes, y la profundización financiera, medida como el crédito al sector privado como una fracción del PIB, es pequeña. Las reformas para corregir estos problemas aumentarán las tasas de ahorro y reducirán el costo del capital, aumentando así la inversión y el crecimiento económico. Colombia podría hacer bien en aplicar las recomendaciones de un reciente grupo de tareas que analizó los retos de su mercado interno de capitales, el más pequeño de los países de la Alianza del Pacífico.

En lugar de otro “decenio perdido”, América Latina debería aspirar a dar respuestas anticíclicas rápidas para una rápida recuperación económica, seguida de un breve período de reformas económicas que devuelvan a la región a la senda de la prosperidad. La oportunidad está aquí. No la perdamos.


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