La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al Gobierno de Colombia que adoptara medidas concretas para proteger a la población del aumento de la violencia infligida a los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos por grupos armados no estatales, grupos delictivos y otros elementos armados.
«Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando toda una serie de políticas públicas integrales, no sólo para reprimir a los responsables de la violencia, sino también para brindar servicios básicos y salvaguardar los derechos fundamentales de la población», dijo la Sra. Bachelet en un comunicado.
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Una acción más fuerte y efectiva
«Hago un llamamiento a las autoridades colombianas para que adopten medidas más enérgicas y mucho más eficaces para proteger a la población de esta espantosa y omnipresente violencia», añadió.
Además de las 375 muertes registradas en 2020, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de ex combatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz de Colombia en noviembre de 2016, que puso fin a la guerra civil más larga de América Latina.
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El acuerdo de paz solicitó específicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de Colombia que desarrollara una política pública para desmantelar «los grupos criminales que sucedieron a las estructuras paramilitares y sus redes de apoyo», y la Sra. Bachelet dijo que esa seguía siendo una tarea urgente.
«Lamentablemente, la violencia se ha normalizado en Colombia después de décadas de conflicto armado, y nadie debería aceptarlo», dijo la Sra. Bachelet.
La portavoz del ACNUDH, Marta Hurtado, dijo que las cifras de las Naciones Unidas sólo incluían los asesinatos que se habían comunicado a la Organización, y que era probable que el número real de muertes fuera mayor, teniendo en cuenta los obstáculos creados por la pandemia de COVID-19.
La Sra. Hurtado dijo que los grupos sospechosos de ser responsables de los asesinatos estaban tratando de obtener el control de zonas remotas que carecían de servicios gubernamentales como la salud pública y la educación. El Gobierno de Colombia debería ampliar los servicios públicos a esos lugares, dijo.
La NASA entre los más afectados
Uno de los grupos más afectados fue la comunidad Nasa en el norte del Cauca, en la que se informó que 66 de sus miembros fueron asesinados este año. Cinco fueron asesinados el 5 de diciembre, y 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte el mismo día, dijo la Sra. Hurtado.
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Esos incidentes se produjeron dos días después del asesinato de Miguel Tapí Rito, dirigente indígena del departamento del Chocó, cuya muerte hizo que 900 personas, en su mayoría mujeres y niños, huyeran a un pueblo cercano, esperando ser protegidos por las autoridades colombianas, según la declaración del ACNUDH.
En julio de este año, el más alto funcionario de la ONU en el país dijo al Consejo de Seguridad que el asesinato de excombatientes, defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios seguía siendo la amenaza más grave para la paz desde el acuerdo de paz de 2016.
