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La crisis ambiental de Colombia se acelera bajo el Duque

El 16 de febrero de 2020, seis hombres armados dispararon mortalmente contra Albeiro Silva Mosquera y su hermano Luis Hugo e hirieron gravemente al líder y activista indígena Daniel Remigio en el departamento de Cauca, en el suroeste de Colombia. Las víctimas eran todos miembros del Proceso de Unidad Popular del Sudoeste de Colombia (PUPSOC), una organización de base que defiende a las comunidades rurales del Macizo Colombiano de los megaproyectos destructivos.

Los ataques no fueron casos aislados. En 2019, Colombia era el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, con al menos 250 muertos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El ochenta por ciento de estas muertes han estado vinculadas a poderosos intereses económicos que buscan explotar la tierra y los recursos naturales. Mientras Colombia permanece en el bloqueo de COVID-19, los líderes sociales de todo el país siguen siendo asesinados con impunidad, con al menos tres defensores del medio ambiente asesinados en una semana en marzo.

Bajo el actual gobierno del presidente de derecha Iván Duque, la situación no está mejorando. El Plan Nacional de Desarrollo de Duque coloca a las industrias extractivas como una de las principales prioridades para la inversión patrocinada por el Estado, facilitando que las multinacionales extranjeras obtengan concesiones mineras en regiones biodiversas como el Macizo Colombiano, una cordillera de los Andes en el suroeste del país. La duplicación de este modelo de desarrollo obsoleto en regiones formalmente bajo control rebelde podría acelerar la creciente crisis ambiental de Colombia, preparando el terreno para el próximo gran conflicto social.

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El Plan Nacional de Desarrollo de Duque

La ubicación estratégica de Colombia, su clima diverso, sus cuencas hidrográficas, sus recursos naturales y sus suelos fértiles la han convertido en un actor agrícola clave en la región. La agricultura en pequeña escala ha formado parte históricamente del modo de vida de los pueblos campesinos e indígenas que viven en las zonas rurales de Colombia. Aunque las contribuciones de los campesinos a la producción de alimentos del país han sido vitales, el Estado se ha negado durante mucho tiempo a reconocer a los campesinos como un grupo sociopolítico importante y diferenciado.

De hecho, el Estado sigue desplazando a muchas comunidades campesinas e indígenas para la ejecución de proyectos de “desarrollo”. La centralidad del sector de la energía en el plan económico nacional de Duque ha facilitado la ejecución de proyectos mineros e hidroeléctricos en gran escala en todo el país, lo que marca un cambio macroeconómico constante que se aleja de la agricultura en pequeña escala y se orienta hacia la extracción de energía y recursos minerales.

Los campesinos sólo son parte de la ecuación si se incorporan a la cadena de producción, ceden sus tierras o se incorporan a las empresas agroindustriales. Uno de los puntos esbozados en el plan de desarrollo de Duque se denomina “Pacto de recursos mineroenergéticos para el crecimiento sostenible y la ampliación de oportunidades”. Uno de los objetivos es crear “un sector minero energético responsable que sea un aliado de los territorios” y que contribuya a diversificar el sector energético para 2030. Su plan de desarrollo rural con “progreso” pasa por alto el papel de los campesinos como agentes de cambio sostenible a través de sus modelos agrícolas ancestrales, que los organismos internacionales reconocen como clave para mitigar los impactos del cambio climático. En cambio, el plan se centra en la privatización de la tierra para la agricultura de monocultivo y los megaproyectos de extracción. Los campesinos sólo son parte de la ecuación si se incorporan a la cadena de producción, ceden sus tierras o se incorporan a las empresas agroindustriales.


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Este modelo de desarrollo, explica Duque, ha generado directamente 35.000 empleos e indirectamente más de un millón. Según el gobierno, la extracción de minerales contribuye con el 2 por ciento del PIB del país. La ministra de minas y energía de Duque, María Fernanda Suárez, destaca la importancia del sector minero para el desarrollo de la energía limpia y renovable, explicando que sin la minería no habría coches eléctricos, turbinas eólicas o paneles solares. Suárez también es una ardiente defensora de la fractura.

En octubre de 2019, el gobierno de Duque anunció planes para enviar 2.500 soldados al Cáucaso, hogar de importantes operaciones de minería de oro y uno de los departamentos más afectados por décadas de conflicto armado, lo que ha provocado una mayor militarización y una escalada de la violencia contra las comunidades rurales que viven en tierras concesionadas para proyectos mineros. Este departamento también se ha convertido en un punto caliente de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente, con un total de más de 35 asesinatos en los primeros nueve meses de 2019.

Mientras tanto, la actual fiebre del oro patrocinada por el Estado que se está produciendo en el campo colombiano podría causar un nuevo aumento de la violencia en las comunidades que ya están luchando por recuperarse después de décadas de guerra. Un estudio realizado por la Universidad de Medellín mostró los vínculos entre el aumento de los precios mundiales del oro tras la crisis financiera de 2008 y un aumento sustancial de los homicidios en las regiones productoras de oro de Colombia. La desaceleración económica mundial provocada por la crisis de COVID-19 ya ha hecho subir los precios mundiales del oro en un 5,3%, ya que los inversores buscan inversiones seguras en momentos de mayor incertidumbre, lo que exacerba la continua matanza de activistas ambientales en toda la región.

El proceso de paz “Opening Land”

La explotación y la violencia estatal en el Macizo Colombiano ejemplifica las tendencias nacionales más amplias de extracción de recursos e inseguridad de los defensores de la tierra. El Macizo Colombiano es un territorio rico en biodiversidad y patrimonio cultural que se extiende por 4,8 millones de hectáreas y 89 municipios en los departamentos suroccidentales de Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca, Tolima y Valle del Cauca-todas zonas con altos niveles de actividad guerrillera durante la guerra civil de Colombia de 50 años.

Aquí se originan las cordilleras occidental y central del país, así como el 70 por ciento del agua dulce del país. La región del Macizo alberga no sólo una gran riqueza de biodiversidad sino también una importante diversidad cultural con una representación de varios grupos étnicos, entre los que se encuentran los pueblos indígenas (10 por ciento), los pequeños agricultores (83 por ciento) y los afrocolombianos (7,5 por ciento). Es el hogar ancestral de 13 grupos indígenas diferentes, entre los que se encuentran los pueblos coconuco, inga, embera, awá y yanacona. La vivienda y la infraestructura en la región del Macizo es precaria; pocas comunidades tienen acceso a la electricidad, las carreteras y los sistemas de alcantarillado. La falta de inversiones gubernamentales en infraestructura básica ha obligado a las comunidades a depender únicamente del ecosistema del Macizo para obtener agua potable. A pesar de haber sido designado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, el Macizo Colombiano se abrió a la minería a gran escala durante las administraciones de Uribe y Santos.

Durante décadas, la presencia del mayor grupo guerrillero de izquierda del país, las FARC, en el Macizo Colombiano actuó como un formidable elemento disuasorio contra los proyectos de extracción de dos maneras principales.

En primer lugar, la presencia de las FARC sirvió de disuasión para los grandes concesionarios, principalmente debido al riesgo real de ser secuestrados o extorsionados por la guerrilla, así como a la falta de garantías básicas para los inversores. Ahora, tras los acuerdos de paz, el Macizo Colombiano es donde se están otorgando la mayoría de las concesiones de minería de oro a gran escala.


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En segundo lugar, contrariamente a las afirmaciones del gobierno colombiano de ser los principales impulsores de la minería ilegal, las FARC aplicaron estrictas directrices comunales que incluían fuertes restricciones ambientales a las actividades de extracción.

Es importante comprender el papel de las FARC como autoridad ambiental en las zonas que están bajo su control, ya que ayuda a explicar el fuerte aumento de la minería ilegal en muchas zonas que antes estaban bajo su control, a partir del cese del fuego de 2015 y que seguirá aumentando después de su proceso de desmovilización en 2017.

La desmovilización de las FARC generó una ventana de oportunidad. Los intereses transnacionales y las organizaciones paramilitares trataron de aprovechar el vacío de poder para promover sus propios intereses económicos.

Desde entonces, el gobierno colombiano no ha logrado llenar este vacío con programas eficaces para mitigar los impactos de la minería a gran escala, colocando las iniciativas dirigidas por la comunidad en el centro de la formulación de políticas. En su lugar, el gobierno colombiano ha optado nuevamente por continuar con una política de militarización y extracción que sólo sirve para marginar aún más a la población local.

El histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC marcó un cambio importante para muchas comunidades que se habían acostumbrado a su relativo aislamiento de las destructivas políticas neoliberales que se estaban arraigando en otras zonas del país. De repente, estas zonas -inaccesibles a las industrias extractivas durante la larga guerra civil del país- se convirtieron en la siguiente frontera para las multinacionales que buscaban obtener beneficios a corto plazo a expensas de los habitantes locales y de los frágiles ecosistemas de los que dependen para su supervivencia.

El macizo colombiano bajo amenaza de desaparición

El Organismo Nacional de Minería ha aprobado concesiones a empresas mineras internacionales como AngloGold Ashanti, con sede en Johannesburgo, y Royal Road Minerals, que cotiza en el Canadá, en zonas en que la explotación está prohibida por los reglamentos nacionales de protección del medio ambiente. El gobierno ha otorgado concesiones para unas 10.200 hectáreas del Macizo. Miembros de la comunidad del municipio caucano de La Vega explicaron que, aunque el Macizo cuenta con seis Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) -entidades gubernamentales responsables de la protección del medio ambiente- han hecho poco por proteger el territorio.

“Las instituciones no han sido particularmente útiles. De hecho, las instituciones ambientales no verifican la información proporcionada por las empresas mineras sobre su impacto ambiental”, dijo Genio Martínez, un líder comunitario de La Vega.

Por ejemplo, en La Vega, conocida como “El corazón del macizo colombiano”, se han otorgado 13 títulos de explotación minera y están en proceso de otorgarse alrededor de 68 concesiones. Casi el 85% de La Vega está concesionado para la minería, incluida una zona conocida como el Bosque Carol Chomsky, creado para conmemorar la vida y el espíritu de Carol Chomsky, la difunta esposa del renombrado lingüista y disidente político Noam Chomsky.


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Para proteger el territorio y hacer frente a los grandes intereses mineros como Royal Roads Mineral, la comunidad campesina de La Vega ha organizado el Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPMLV). El miembro del PCPMLV Oscar Salazar explicó: “No queremos que la comunidad internacional empiece a prestar atención una vez que los ríos se hayan secado, sino que actúe ahora y detenga los proyectos de minería en su camino”. Los campesinos sostienen que su trabajo consiste en “defender los territorios, preservar los recursos hídricos y luchar contra los megaproyectos”. Sus Marchas por la Vida y el Agua, que comenzaron en 2013, crean conciencia sobre la importancia de defender su territorio, y su Conferencia Anual de Pueblos y Semillas facilita los intercambios internacionales sobre estrategias de soberanía alimentaria.

“Estamos diseñando políticas que podrían servir como políticas públicas reales ya que el gobierno no lo hace”, dijo Salazar.

Los ríos, lagos, páramos y lagunas del Macizo están a merced de los mineros ilegales y de las grandes empresas multinacionales. A menudo, las empresas mineras extranjeras subcontratan sus peligrosas actividades de explotación minera a bandas más pequeñas e informales que suelen tener vínculos con organizaciones paramilitares de las que se sabe que utilizan la violencia y la intimidación contra la población local para extraer metales preciosos y venderlos de nuevo al titular de la concesión, un proceso que los lugareños llaman “minería mercenaria”.

Para comunidades como La Vega, la llegada de “mineros mercenarios” a sus territorios significa frecuentemente un aumento de la violencia y la degradación ambiental, destruyendo los bosques y envenenando su agua potable con mercurio y otras sustancias altamente tóxicas. Desde la elección de Duque en 2018, la “minería mercenaria” ha tenido un gran auge, llegando a 98.000 hectáreas en 2019, según las Naciones Unidas, lo que supone un crecimiento del 6,5 por ciento o 6.000 hectáreas al año. Eso es un promedio de 32 campos de fútbol cada 24 horas.

Según activistas locales, este crecimiento exponencial de la “minería mercenaria” se debe en parte a un decreto emitido por el ex presidente Juan Manuel Santos en 2014. El decreto incentivó la práctica al acelerar el proceso para convertirse en un minero legal. En virtud de las nuevas normas, los aspirantes a “mineros mercenarios” sólo deben pagar 8.000 pesos colombianos (unos 2 dólares) y presentar una identificación válida para convertirse en “subcontratista oficial”. Desde entonces, las empresas multinacionales han comenzado a explotar esta forma de “subcontratación” legalizada a fin de consolidar las operaciones de minería en pequeña escala, en particular en las zonas consideradas “demasiado arriesgadas” para los proyectos de escala industrial.

Los organizadores de la comunidad describen cómo batallones enteros del Ejército colombiano están al servicio de estas multinacionales, conocidos como “batallones de energía”. Según testimonios locales, hay por lo menos 30 “batallones de energía” en Colombia, en los que los comandantes individuales del ejército hacen acuerdos bilaterales con compañías mineras multinacionales para actuar como seguridad privada.

“A los comandantes se les permite hacer alianzas con multinacionales para proteger sus intereses”, dijo Salazar, “en La Vega, tenemos uno de estos batallones”.

El Ejército colombiano no es la única institución acusada de colusión con poderosas multinacionales. Miembros de las comunidades locales alegan que, cuando se pidió a la oficina del defensor de los derechos humanos que investigara una denuncia presentada por una comunidad afectada por actividades mineras, los gastos de transporte, incluida la gasolina y el mantenimiento de los vehículos, estaban siendo pagados por AngloGold Ashanti, uno de los mayores concesionarios mineros de Colombia.


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En marzo de 2018, Royal Road Minerals concertó un acuerdo de compra de acciones con la Compañía Kedahda Limited, una filial de AngloGold Ashanti, para adquirir Northern Colombia Holdings (NC Holdings). A su vez, NC Holdings es propietaria de Exploraciones Norte de Colombia SAS, que posee un paquete de títulos que comprende los acuerdos de concesión minera que abarcan aproximadamente 36.000 hectáreas de tierra, y los derechos relativos a las solicitudes que se han presentado para adquirir concesiones mineras sobre casi 215.000 hectáreas de tierra, en el corazón del Macizo Colombiano.

Royal Roads Minerals se especializa en el establecimiento de operaciones que se benefician de entornos “post-conflicto”. En el sitio web de la empresa se indica: “Los entornos post-conflicto pueden ser dinámicos y a menudo confusos, pero también son una notable oportunidad para el sector privado”. A pesar de las afirmaciones de las empresas sobre la sostenibilidad ambiental y la participación de la comunidad, las comunidades del Macizo Colombiano se oponen firmemente a sus actividades industriales de minería que amenazan con destruir grandes partes del ecosistema de humedales y páramos de gran altitud, tan vitales para el bienestar del sistema climático mundial.

A pesar de la retórica de campaña del Presidente Iván Duque sobre la sostenibilidad ambiental, su administración ha duplicado las políticas puestas en marcha por la administración Uribe a principios de la década de 2000, abriendo las regiones conflictivas a las multinacionales extranjeras. Estas políticas benefician a las empresas que buscan beneficios a expensas del medio ambiente y de la vida de las personas que ya están luchando por construir la paz después del conflicto más largo y sangriento del hemisferio. Lejos de ser una solución al conflicto armado de Colombia, exponer la rica diversidad ambiental y el patrimonio cultural del país a los caprichos de las multinacionales podría resultar ser el catalizador de la próxima.

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