GettyImages 1206116463

En Colombia, la pandemia aumenta los riesgos para las mujeres líderes sociales

Carlota Isabel Salinas Pérez, líder de la Organización Femenina Popular, fue asesinada por un grupo de hombres armados frente a su casa en San Pablo. Salinas Pérez había estado organizando fondos para ayudar a los miembros vulnerables de la comunidad afectados por la pandemia de coronavirus.

Su asesinato pone de relieve los efectos adversos de la pandemia en las mujeres dirigentes sociales en situaciones de conflicto. En esos contextos, las instituciones estatales suelen ser ya débiles, obstaculizadas por la inseguridad, la baja capacidad y la fragmentación de la autoridad. La pandemia, lejos de conducir al cese de la violencia, parece estar exacerbando estas pautas. Los nuevos datos sugieren que en la mayoría de los países en conflicto, la violencia armada organizada ha aumentado o se ha mantenido en niveles prepandémicos. Al mismo tiempo, la reducción de la actividad de los agentes estatales y las organizaciones humanitarias ha creado un espacio para que los grupos armados amplíen violentamente su control social.


Recomendado: Cómo salir del reporte negativo CIFIN 2020.


Los recientes acontecimientos ocurridos en Colombia demuestran los riesgos específicos de esta crisis para las mujeres activistas y líderes sociales. Las demandas de su trabajo de cuidado se han disparado, pero también se enfrentan a un mayor riesgo de ataques violentos. Las limitadas protecciones que normalmente les ofrecen las instituciones estatales y las organizaciones internacionales han desaparecido efectivamente.

GRUPOS ARMADOS QUE AMPLÍAN EL CONTROL

Aunque Colombia es técnicamente un Estado en situación de posconflicto, la violencia organizada en el país continúa. En particular en los territorios rurales, los movimientos guerrilleros, los grupos sucesores de los paramilitares y los narcotraficantes se enfrentan entre sí y con las fuerzas de seguridad del Estado en su intento de ampliar su control sobre las economías ilícitas, incluida la producción ilegal de cocaína y la extracción de oro. En esas zonas, la presencia de las instituciones estatales sigue siendo limitada y los ciudadanos no tienen acceso a los sistemas oficiales de justicia y protección social.

Julia Zulver

Julia Zulver es investigadora Marie Skłodowska-Curie del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Escuela de Estudios Globales y de Área de Oxford.

En su búsqueda por consolidar su poder, estos grupos armados apuntan a los líderes sociales que movilizan la resistencia de la comunidad a su violento control territorial y social. Desde la firma de los acuerdos de paz de Colombia en 2016, el centro de estudios INDEPAZ ha registrado los asesinatos de cientos de activistas y guerrilleros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), incluidos 107 asesinatos de líderes sociales sólo en 2020.


Recomendado: ¿Qué productos y servicios ofrece Aportes enlinea 2020?.


Esta ola de violencia afecta de manera diferente a mujeres y hombres. La lógica de la masculinidad militarizada que guía a estos grupos armados no mira con buenos ojos a las mujeres que transgreden los roles de género tradicionales. Si bien es más probable que los líderes sociales masculinos sean asesinados, las mujeres líderes a menudo son objeto de ataques de alto nivel de género, incluida la violencia sexual y las amenazas a sus familias. Las mujeres que empoderan a las comunidades locales se enfrentan a riesgos especialmente graves.

En las últimas semanas, nuevos informes sugieren que los grupos armados están aprovechando la pandemia del coronavirus y la menor presencia del Estado en las zonas rurales para ampliar sus actividades ilegales. Los grupos parecen estar aumentando sus incursiones violentas en zonas a lo largo de la frontera venezolana con el objetivo probable de acceder y controlar las oportunidades de obtener beneficios ilícitos. Están aplicando sus propias normas de cuarentena estrictas para limitar la movilidad de los ciudadanos, iniciando nuevos enfrentamientos con actores armados rivales y reforzando sus ataques contra los líderes sociales. Esta última tendencia es particularmente preocupante: en algunas comunidades colombianas, los líderes sociales son los únicos que ofrecen asistencia humanitaria a poblaciones desesperadas.

RIESGOS ACENTUADOS

La crisis refuerza e intensifica las vulnerabilidades de las mujeres líderes sociales. El análisis preliminar señala cuatro factores de riesgo que afectan directamente a su seguridad durante la pandemia. Aunque esos riesgos también se aplican a los hombres, son especialmente graves para las mujeres, cuya situación social en los territorios dominados por la dinámica de poder machista es particularmente vulnerable.

En primer lugar, las mujeres dirigentes sociales suelen utilizar sus profundos conocimientos de la dinámica de la violencia en sus territorios para elaborar planes de seguridad holísticos y de base. Por ejemplo, crean evaluaciones de riesgos en función del género cuando viajan por zonas rurales y elaboran comités de seguridad de la mujer en asociación con organizaciones internacionales e instituciones estatales. La pandemia, los consiguientes cierres restrictivos y la retirada casi total del apoyo nacional e internacional han perturbado su capacidad de crear planes y protocolos para protegerse.


Recomendado: SENA Sofia Plus 2020.


En segundo lugar, las mujeres de todo el mundo han visto aumentar sus deberes de cuidado, ya que están atrapadas en casa con familias y niños que alimentar, educar y cuidar. Las mujeres líderes sociales tienen la carga añadida de cuidar de sus comunidades y llenar los vacíos dejados por los actores estatales. En toda Colombia, están realizando censos oficiosos para determinar las necesidades de los miembros de la comunidad, obteniendo y distribuyendo alimentos y suministros y movilizando a sus comunidades para que hagan demandas al gobierno. Todas estas actividades suponen salir de los confines de sus hogares y exponerse a una posible violencia a manos de los grupos armados.

En tercer lugar, incluso las mujeres líderes y activistas que permanecen en sus hogares están en peligro: como resultado de los cierres, es más fácil para los actores armados encontrar, localizar y perjudicar a las mujeres líderes sociales con total impunidad (como fue el caso de Salinas Pérez). Como informó un líder del departamento del suroeste del Putumayo en abril durante una entrevista con este autor, “Si te quedas en tu casa, llegan a tu puerta, te llaman por tu nombre y te matan allí mismo”. Ella está observando un aumento de descaro por parte de los grupos armados en un momento en el que “el estado no nos ofrece ninguna protección”.

Un último factor que complica la situación es la falta de acceso a la justicia y a la protección de las mujeres activistas. Si las mujeres quieren denunciar un delito o una amenaza, no pueden registrarse ni activar los mecanismos de protección, ya que las instituciones del Estado, incluidas las unidades móviles de justicia, están actualmente ausentes en las zonas rurales. Una dirigente social de la región nordeste del Catatumbo señala que se siente abandonada por el Estado: “es como [el punto álgido del conflicto] otra vez, cuando el estado nos dejó por muertos a manos de los grupos armados”.

Recomendado: Consultar vida crediticia CIFIN Gratis 2020.

LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN ÚNICAS DE LAS MUJERES

La resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce el papel de la mujer en la construcción de la paz en las comunidades que salen de un conflicto. Las investigaciones demuestran que las negociaciones de paz que implican la participación de las mujeres tienen más probabilidades de perdurar. Sin embargo, en Colombia, la promoción de las mujeres como constructoras de la paz se ha producido sin las garantías necesarias para la seguridad de las mujeres. En los últimos años, cientos de mujeres que se presentaban a cargos políticos o participaban en actividades de consolidación de la paz en sus comunidades han sido objeto de ataques e incluso han sido asesinadas.

La crisis actual ha intensificado estos desafíos, dejando al descubierto la violencia y la dinámica de poder basada en el género que conforman las complejas necesidades de seguridad de las mujeres. En lugar de incluir la consolidación de la paz como una carga más del “trabajo de las mujeres”, los gobiernos y las organizaciones internacionales que promueven estas actividades deben tomar en serio el riesgo de una reacción violenta.

A pesar de las nuevas restricciones en materia de salud pública, las mujeres dirigentes que hacen frente a la crisis en Colombia necesitan un apoyo, una solidaridad y unas garantías de seguridad constantes, tanto a nivel nacional como internacional. Este apoyo debe incluir ayuda humanitaria, acceso a la justicia en zonas remotas y consultas con los propios líderes sociales sobre la mejor manera de garantizar su protección.


Recomendado: Consultas vía telefónica Datacrédito 2020.


canal de telegram