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Cuarentena empañada por los asesinatos de los líderes sociales y ambientales de Colombia

Si la cuarentena nacional ha frenado la propagación del coronavirus no ha disuadido a los grupos armados ilegales de Colombia de asesinar a líderes cívicos y defensores de los derechos humanos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante dos meses de encierro, 25 activistas han sido asesinados por proteger la autonomía indígena, los hábitats en peligro de la minería ilegal y los derechos de las poblaciones afrodescendientes vulnerables.


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Desde principios de este año, 100 líderes sociales han sido asesinados por paramilitares, disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN y otros grupos criminales que protegen las lucrativas rutas de la droga. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba y Magdalena.

La primera víctima de la cuarentena nacional fue Wilder García, de 18 años de edad, de la comunidad indígena Awá, ejecutado dentro de su casa cerca de Barbacoas, Nariño. Barbacoas, en este departamento del suroeste, está situado a lo largo de un corredor de drogas que conecta la región de cultivo de coca del Putumayo con el puerto de Tumaco en el Pacífico.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “las medidas de confinamiento de Colombia se han convertido en una oportunidad para matar y amenazar a los pueblos indígenas, los líderes sociales y los agricultores, e incautar el territorio de las economías ilícitas”. El organismo internacional hace referencia a la precaria situación de orden público en el Cauca donde 13 líderes cívicos han sido asesinados en lo que va del año 2020, entre ellos, Hugo de Jesús Giraldo, el 22 de abril, al cumplirse el primer mes de encierro.


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Ese mismo fin de semana, otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo Anacona, también fueron asesinados en Santiago de Quilichao. “La pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas por el gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya de por sí violenta y volátil”, afirma el portavoz de la ONU, Robert Colville. “Los grupos armados, así como los grupos delictivos, parecen estar aprovechando el hecho de que la mayoría de la gente está encerrada para ampliar su presencia y control sobre el territorio”, dijo.

En las regiones centrales del Cauca, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la guerrilla del ELN han provocado el desplazamiento forzoso de comunidades rurales pertenecientes a los pueblos Inga y Nasa. La ONU también afirma que 36 ex combatientes de las FARC han sido asesinados en el departamento desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha pedido un cese del fuego global para que las medidas destinadas a evitar la propagación de COVID-19 puedan ser aplicadas adecuadamente en las naciones con conflictos internos.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno (colombiano) para que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y que exija a los autores que rindan cuentas”, se lee en una declaración de la ONU.

Oramas también fue un defensor de la agricultura orgánica y de la protección de las semillas. El concejal municipal de Cali, Terry Hurtado, ha pedido a la Fiscalía General y a la Policía Nacional que procesen rápidamente el asesinato de Oramas, dado que con la cuarentena los funcionarios públicos están centrando sus esfuerzos en la Emergencia Sanitaria Nacional. Como el 25º líder social asesinado desde el 20 de marzo, cuando se decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, la muerte de Oramas no puede convertirse en otra estadística en una larga lista de impunidad con – o sin – el flagelo del coronavirus. Un profesor de sociología de 70 años – Jorge Enrique Oramas – es la última víctima que ha sido silenciada durante la cuarentena. El respetado ambientalista de la Universidad del Valle fue asesinado el 16 de mayo en su finca cerca de Cali por defender los esfuerzos de conservación contra la minería ilegal dentro del parque nacional PNN Los Farallones.


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