Eran veinteañeros en una fiesta después de meses de cuarentena relacionada con la pandemia.
Entonces sonaron los disparos, y pronto ocho de ellos estaban muertos.
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«La paz era nuestro sueño», dijo Jesús Quintero, cuyo hijo John Sebastian murió después de que unos pistoleros abrieran fuego en su pequeño pueblo, Samaniego, una comunidad en las montañas atrapada entre grupos criminales en guerra. «Pero nada ha cambiado».
Cuatro años después de haber terminado la guerra más larga de las Américas con un histórico acuerdo de paz que se celebró en todo el mundo, Colombia está experimentando un angustioso aumento de la violencia masiva.
Las Naciones Unidas han documentado al menos 33 masacres este año, frente a las 11 de todo el 2017, el año siguiente a la firma del acuerdo, con al menos una docena más desde que la ONU anunció su último recuento oficial, a mediados de agosto.
El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a cinco décadas de guerra que habían dejado miles de muertos y desplazado a unos seis millones de personas. Le valió al entonces presidente Juan Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz y fue considerado como la mayor oportunidad del país para un futuro radicalmente diferente.
Pero el aumento de la violencia ha dejado a muchos desencantados con el proceso de paz y preocupados por la posibilidad de que esta escalada desestabilice aún más el campo, inclinando a Colombia hacia una violencia más generalizada y destruyendo muchos de los sueños que surgieron en los días posteriores al acuerdo.
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«Este momento es muy, muy peligroso», dijo Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group en Colombia. «La historia de Colombia es que cuando se inicia una ola de violencia se acelera y es muy difícil de detener».
En los últimos días, la capital de Colombia, Bogotá, estalló en una violenta protesta después de que un hombre que fue sometido por la policía y sorprendido repetidamente con una pistola paralizante muriera bajo custodia. Las imágenes, captadas en vídeo, atrajeron a miles de personas a las calles en manifestaciones que dejaron por lo menos 10 muertos y cientos de heridos. Se está investigando la causa de esas muertes.
Pero muchos dicen que en el corazón del desbordamiento hay una frustración más profunda con el ritmo del cambio.
«El último gobierno intentó poner fin a la guerra y no funcionó», dijo Eliana Garzón, de 31 años, cuyo cuñado, Javier Ordóñez, fue el hombre asesinado por la policía.
«Este es un país que está harto», continuó. «Su muerte fue la excusa perfecta para salir a la calle».
Los ataques en el campo se consideran un feo subproducto del acuerdo de paz. Después del acuerdo, miles de combatientes dejaron las armas y aceptaron testificar ante un tribunal a cambio de la ayuda del gobierno.
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Pero a medida que las FARC se retiraban de vastas zonas del país, otros grupos, algunos viejos y otros nuevos, se fueron incorporando.
Ahora, estos grupos están luchando por el territorio en un esfuerzo por controlar no sólo el antiguo flagelo del país – el cultivo de coca utilizado para fabricar cocaína que a menudo se envía a clientes en los Estados Unidos – sino también las rutas de la droga, la minería ilegal y el tráfico de personas. También están luchando por quién puede extorsionar a la gente común.
Muchas de las mismas comunidades que sufrieron durante la guerra entre las FARC y el gobierno están atrapadas en el conflicto, y los grupos delictivos utilizan los asesinatos como método preferido de terror.
Y en el último mes el ritmo de los asesinatos se ha acelerado, con una masacre que tiene lugar en promedio cada dos días, según el grupo de derechos humanos Indepaz, que hace un seguimiento de los asesinatos.
Gladys Betancourt visitó el sitio en Samaniego donde su hijo, Oscar Andrés Obando, de 24 años, fue asesinado junto con otros siete. Crédito… Luis Robayo/Agencia France-Presse – Getty Images
«Después de superar ese umbral» de una masacre cada dos días, dijo el fiscal jefe del tribunal especial de guerra del país, Giovanni Álvarez Santoyo, «hay una probabilidad muy alta de volver a una crisis humanitaria».
Tanto Indepaz como la ONU definen una masacre como un asesinato con tres o más víctimas.
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En Colombia, las masacres han servido durante mucho tiempo como medida de represalia para castigar a la gente por trabajar o aparentar trabajar con un rival, o como herramienta de intimidación para mantener a pueblos enteros a raya.
Samaniego, donde el hijo del Sr. Quintero fue asesinado, se encuentra en el exuberante suroeste del país, en una región de cultivo de coca controlada por un grupo guerrillero de larga data llamado ELN, según el gobierno. El Sr. Quintero, de 55 años, es el coordinador de enseñanza en una escuela local.
Su hijo, conocido como Sebas, de 24 años, creció en Samaniego, y fue un estudiante universitario y aspirante a ingeniero que tenía una relación particularmente estrecha con su sobrina, una niña pequeña.
«Era un excelente ser humano», dijo el Sr. Quintero.
En los últimos meses, un ala de desertores de las FARC había intentado ganar poder en la región. Pero el gobierno sospecha que una pequeña banda, los Cuyes, trabajando con permiso del ELN, fue responsable de la muerte de su hijo.
La noche de mediados de agosto en que murió su hijo, un amigo llamó al Sr. Quintero para decirle que algo había ido terriblemente mal en una barbacoa donde su hijo se había reunido con amigos. Las balas volaban. El Sr. Quintero cruzó la ciudad en su moto.
Cuando llegó a la fiesta, Sebas estaba en una ambulancia con una bala en la nuca. Fue la última vez que vio a su hijo con vida.
En los días siguientes, la sobrina anduvo por la casa, buscando a su amiga favorita. «Tío», gritó cuando encontró su foto. «¡Tío!»
Los Cuyes parecían haber instituido un toque de queda para facilitar sus tratos criminales, y puede que se enfadaran por haber sido desobedecidos, dijo el alto comisionado para la paz del país, Miguel Ceballos.
«¿Por qué lo hicieron?», dijo. «Para mostrar su fuerza. Y para tratar de decir que ellos controlan esa región.»
El gobierno del presidente Iván Duque, un conservador cuyo partido se opuso a viva voz al acuerdo de paz, calificándolo de demasiado fácil para las FARC, ha condenado la oleada de asesinatos masivos, al tiempo que minimiza la reciente oleada.
El Sr. Ceballos, que fue nombrado por el Sr. Duque, destacó que ahora hay muchos menos asesinatos en masa cada año en comparación con los años anteriores al acuerdo.
«El número de masacres ha disminuido», dijo. «Esta es una buena noticia».
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Y en general, señaló, los homicidios han disminuido en medio de la pandemia.
Los críticos del Sr. Duque, sin embargo, lo han acusado de no haber financiado completamente muchos de los programas escritos en el acuerdo que estaban destinados a abordar los problemas económicos y de seguridad que mantienen a los grupos criminales en el negocio.
Muchos cocaleros, por ejemplo, esperaban unirse a un programa de sustitución que les ayudara a pasar de la coca a los cultivos legales. Pero sólo se ha incluido en el programa un número limitado de familias, mientras que los grupos violentos sólo parecen multiplicarse a su alrededor.
El Sr. Ceballos calificó las críticas de injustas, diciendo que el presidente, que asumió el cargo en 2018, ha trabajado agresivamente para financiar los programas de construcción de la paz. Y citó el terreno montañoso del país, el voraz apetito del mundo por la cocaína y la naturaleza resbaladiza de los grupos criminales como los principales desafíos.
«No es fácil proteger a toda la población», dijo.
«Dale una oportunidad al hombre», continuó, hablando del Presidente Duque. «No podemos deshacer 56 años de guerra en sólo dos años.»
Pero Wilder Acosta, el líder de una asociación de cocaleros cerca de la frontera con Venezuela, está impaciente. «Cada día el conflicto se agudiza», dijo.
Ocho cultivadores fueron asesinados recientemente en su área, dijo, en el pueblo de Totumito, empujando a unas 300 familias a huir de la región, muchos cargando niños y maletas.
En esos asesinatos, la policía ha acusado a otro grupo, los Rastrojos, que está luchando contra el ELN por el territorio. El Sr. Acosta culpó al gobierno por no proteger a su comunidad.
«Cuando las FARC estaban en el poder», dijo, «había una ley y había orden en nuestras comunidades. Ahora que las FARC se han desarmado, hay un caos que no entendemos».
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Muchos dicen que las cuarentenas relacionadas con la pandemia han dado a los grupos criminales incluso más latitud de lo habitual.
«Es como si tuvieran al resto del país encerrado en casa mientras están libres para saquear», dijo la Sra. Dickinson, del International Crisis Group.
El lunes después del ataque en Samaniego, cientos se reunieron en una escuela para despedirse de Sebas. Muchos llevaban máscaras contra el coronavirus.
La comunidad rezó, y luego llevó el cuerpo de Sebas a un cementerio en la cercana ciudad de Providencia, que como Samaniego está en el estado de Nariño.
En el funeral, el Sr. Quintero agradeció a Dios por el tiempo que tuvo con su hijo. Pero también expresó su rencor. «Esto es responsabilidad del gobierno», dijo después.
«El acuerdo de paz se ha dejado en el escritorio», continuó. «Nariño ha sido completamente olvidado.»
Pronto hubo siete funerales más.
«Por favor», dijo Gladys Betancourt, de 51 años, cuyo hijo murió en sus brazos después del ataque, «no más víctimas inocentes».
Días más tarde, el gobierno anunció que Samaniego sería incluido en uno de los programas de paz del gobierno, llamado Zonas del Futuro – por fin permitiendo al pueblo obtener la ayuda que necesitaba.
