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Colombia utiliza una aplicación para devolver la tierra a las personas desplazadas por la guerra

Después de medio siglo de conflicto armado, en 2016 el gobierno colombiano firmó un histórico alto el fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Tanto el gobierno como el mayor de los grupos rebeldes acordaron deponer las armas, pero el camino hacia la paz no ha resultado ser fácil hasta ahora.

Incluso ahora, en 2020, los grandes sindicatos del crimen están operando sin restricciones en vastas franjas de territorio post-conflicto. Varios grupos rebeldes más pequeños y disidentes del acuerdo de paz han estado violentamente activos. La guerra, que comenzó en nombre de la igualdad y la ausencia de opresión, se ha convertido en la mayor fuerza impulsora de una brecha creciente entre ricos y pobres y de una plétora de violaciones de los derechos humanos.

A medida que el país trata de recomponerse lentamente, el gobierno se ha interesado en resolver uno de los mayores obstáculos a la igualdad en la región posterior al conflicto: la redistribución de las tierras confiscadas a millones de ciudadanos privados por cualquiera de las partes del conflicto. Tras la guerra, que se cobró unas 260.000 vidas humanas, entre las que se encontraban al menos 45.000 niños, Colombia sigue siendo el país con la segunda población más numerosa de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares debido al conflicto, después de Siria. Algunos de ellos fueron expulsados por el gobierno, otros por las fuerzas paramilitares y otros por los rebeldes. En la mayoría de los casos, el desplazamiento fue repentino y las personas se encontraron separadas de sus familias y comunidades al huir para salvar sus vidas. El número actual de desplazados disponibles es de unos 8 millones.

“No sólo es una deuda histórica ineludible, sino que también es un primer paso hacia la construcción de la paz en las zonas rurales del país”, dijo el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante un discurso pronunciado en 2010. En 2011, el congreso colombiano aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece un procedimiento claro para la redistribución de tierras entre aquellos que han sido desplazados por la fuerza durante el conflicto.

Sin embargo, la realidad sigue siendo que el gobierno nunca ha documentado las grandes extensiones de tierra, las tierras incautadas en un momento dado y las personas que viven en ellas desplazadas. Estas parcelas de tierra deben ser registradas primero con las autoridades competentes y plasmadas en mapas oficiales, y los ocupantes y propietarios originales deben ser verificados antes de que se puedan redactar los papeles para ser distribuidos entre los propietarios originales.

Un software de análisis y cartografía llamado ArcGIS permite a las partes analizar y compartir datos, creado por la empresa de sistemas de imágenes geográficas globales (GIS) Esri. Esencialmente, es una colección de herramientas y software utilizados para crear mapas muy detallados.

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En las colecciones

Colombia tiene la segunda población más grande de personas que han sido sacadas por la fuerza de sus hogares debido al conflicto, después de Siria.

Los funcionarios gubernamentales, las instituciones de investigación y los voluntarios civiles utilizan ahora el programa informático para reunir datos de diversas fuentes, entre ellas imágenes aéreas y satelitales, entrevistas con personas que viven en las parcelas de tierra en cuestión o cerca de ellas, y cualquier otra prueba física restante disponible, a fin de crear una cronología histórica de la propiedad de cada propiedad. Esta información se traza en mapas digitales y se presenta a los jueces de restitución, que luego deciden la propiedad y los límites correctos de cada parcela de tierra.

“Sin tener un sistema adecuado de administración de la tierra, el gobierno no conoce las relaciones entre la gente y la tierra en estas áreas post-conflicto”, dijo Chrit Lemmen, un experto en ciencias de la geoinformación y planificación urbana de la Universidad de Twente, Holanda, en una declaración de Esri. “Por eso es tan importante hacer un inventario completo y entregar los títulos siempre que sea posible”.

Mapas, cartas, gobiernos

El Gobierno ha puesto en marcha un proyecto denominado Tierra en Paz, iniciativa conjunta emprendida en 2015 por los Gobiernos de los Países Bajos y Colombia, a través de varias instituciones sociales. El proyecto tiene por objeto formalizar y legitimar la propiedad de la tierra entre las personas que han sido desplazadas, así como las que carecen de la documentación necesaria para demostrar la propiedad de sus tierras, explicó Timothy Fella, gerente de desarrollo de negocios mundiales de Esri.

El objetivo del programa es normalizar los derechos sobre la tierra mediante el trazado de mapas y el levantamiento topográfico de cada uno de los 12 millones de parcelas de tierra que siguen sin estar documentadas por las autoridades. Antes de que el programa comenzara, alrededor del 5% de las tierras del país, unos 5,5 millones del total de 111 millones de hectáreas de Colombia, estaban documentadas con el gobierno. Hasta ahora, se han documentado 1,5 millones de hectáreas adicionales con la ayuda de la tecnología ArcGis, con el objetivo de procesar el 100% de las solicitudes de restitución de tierras en los próximos cuatro años. La adición puede parecer pequeña, pero el progreso es considerable dado el proceso.

Los topógrafos pueden tardar hasta una semana entera en cartografiar hasta la más pequeña parcela de tierra. El gobierno ha adoptado un método topográfico adecuado para mejorar la eficiencia, en el que los propietarios de las tierras están equipados con una aplicación de teléfono inteligente GIS y un dispositivo GPS externo. Mientras caminan por los perímetros de sus tierras para trazar el mapa de cada parcela, jóvenes voluntarios reclutados por la administración local registran los datos usando la aplicación del teléfono inteligente a través de sus propios teléfonos inteligentes. El proceso permite a los locales cubrir mucho terreno, mucho más rápido de lo que puede hacerlo el estado por sí solo. Los datos son entonces combinados con imágenes satelitales por los funcionarios del gobierno para actualizar los registros oficiales.

En ausencia de la documentación adecuada, es inevitable que surjan disputas entre los propietarios de las tierras vecinas con respecto a los límites de cada parcela. Los funcionarios del gobierno a menudo se encuentran sentados junto con las autoridades locales para resolver tales disputas. Sin embargo, las disputas se resuelven rápidamente, y el proceso es cordial, afirma el gobierno.

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Pero no se detiene ahí. “Separados del proyecto, muchos de los organismos oficiales de tierras están utilizando ArcGIS para gestionar el catastro, que es un sistema de información de tierras basado en parcelas que registra información sobre los derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tierra”, explicó Fella.

Se espera que herramientas como ésta ayuden al gobierno a resolver la infraestructura en disputa y ayuden a construir sistemas más estables para un futuro más seguro.

Pero el proyecto todavía tiene mucho que lograr. El gobierno sostiene que los programas piloto han tenido mucho éxito y que hay más trabajo por hacer. Hasta ahora, ha habido dos proyectos piloto en Antioquia y Meta respectivamente. También se ha programado el lanzamiento de un tercer piloto en Cumaribo, un municipio del Vichada. Al ritmo actual, el gobierno estima que el proyecto tardaría unos cuatro años en completarse.

El proceso no es en absoluto perfecto. Aunque el gobierno está tratando de involucrar a la administración local y a los órganos comunitarios tanto como sea posible, algunos conflictos son inevitables. Los registros arcaicos son incompletos en el mejor de los casos, y se necesita una considerable cantidad de trabajo y valiosos recursos para ultimar los límites exactos y decidir quién obtiene cuánta tierra. Y aunque el gobierno tiene un protocolo de mediación para los conflictos entre los propietarios de las tierras vecinas, sólo podemos adivinar su eficacia. La iniciativa actual no es una respuesta a las décadas de abuso infligido al público ordinario desde ambos lados del pasillo, pero al menos es un comienzo.

Parece demasiado grandioso e ingenuo afirmar que este proceso restablecerá completamente el orden. Sin embargo, Colombia es un país en desarrollo muy dependiente de su economía agraria. La paz actual es intranquila y frecuentemente interrumpida. La legalización de las reivindicaciones territoriales es una de las primeras medidas que el país debe adoptar para, al menos, revitalizar su economía.

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