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Colombia: Cómo las bandas armadas están usando el encierro para atacar a los activistas

El primer día de la cuarentena de Colombia, Carlota Isabel Salinas fue asesinada a tiros fuera de su casa.

La Sra. Salinas desempeñaba un papel importante en una organización de mujeres en la provincia de Bolívar, en el norte de Colombia.

En la región ya se había producido un aumento de la violencia llevada a cabo por los paramilitares de derecha en los meses anteriores a la pandemia de coronavirus.


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Desde el inicio del cierre a finales de marzo, 28 activistas y defensores de los derechos humanos en toda Colombia han sido asesinados.

Los asesinatos no son un fenómeno nuevo: más de 800 activistas han sido asesinados en Colombia desde 2016, según el think tank Indepaz.

Sin embargo, activistas comunitarios de diferentes partes de Colombia han dicho a la BBC que las restricciones de movimiento impuestas para frenar la propagación del virus significan que se han convertido en objetivos aún más fáciles.

Atascados en sus casas la mayor parte del día y sólo aventurándose a abordar las necesidades humanitarias emergentes en su comunidad, se han convertido en blancos fáciles.

“Asustado por mi familia

Dolores (cuyo nombre real se ha ocultado por su seguridad) es una de las líderes de un grupo de cientos de madres que promueven el empoderamiento económico de las mujeres en el Catatumbo, una región de la provincia de Norte de Santander -en la frontera de Colombia con Venezuela- que ha sido testigo de años de extrema violencia.
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Desde que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con el grupo rebelde de izquierda Farc en 2016, los activistas como Dolores han estado bajo mayores amenazas en todo el país.

Mientras que la mayoría de los rebeldes de las Farc dejaron las armas, otros grupos guerrilleros, disidentes de las Farc y paramilitares continúan enfrentándose en zonas como el Catatumbo.

Ahora, esos grupos están explotando la cuarentena para consolidar aún más el poder.


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En esta zona rural de Colombia, los grupos armados rivales se enfrentan por el control de los lucrativos cultivos de coca y las rutas de tránsito de la droga, al tiempo que eliminan sistemáticamente a los activistas que desafían su autoridad.

“Tengo miedo de que maten a mis compañeros (camaradas), tengo miedo por mi familia”, dice Dolores.

Ella y activistas como ella han recibido un número creciente de amenazas de grupos armados en las últimas semanas.

Y tampoco se detiene siempre en las amenazas. La semana pasada, uno de sus amigos activistas fue asesinado por hombres armados no identificados en el Catatumbo.

“Somos el único apoyo que tienen

Durante la cuarentena, los defensores de los derechos como Dolores han tenido más trabajo que nunca. Las mujeres de su comunidad -muchas de las cuales son jefas de hogar- no han podido salir a trabajar y están luchando para alimentar a sus familias.

Los índices de violencia doméstica han aumentado y la ausencia de instituciones estatales en esta zona rural se siente ahora con mayor intensidad.


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“Sabemos los riesgos que corremos, pero ahora mismo con esta pandemia, [las necesidades de la gente] han aumentado”, explica Dolores. “Para muchos de ellos, somos el único apoyo que les queda”.

Ha escrito cartas y publicado vídeos en los medios sociales pidiendo al gobierno colombiano ayuda para esas familias, pero dice que sus peticiones han sido recibidas con silencio e inacción.

“Atrapado en el medio

Al otro lado del país, en la región montañosa del Cauca, Clemencia Carabalí se enfrenta a amenazas similares.

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Pie de fotoCauca ha sido una de las regiones con mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos

Los activistas comunitarios son asesinados aquí casi semanalmente, y el Cauca – donde la Sra. Carabalí hace campaña por los derechos de las mujeres y de los afrocolombianos – ha sido el centro de los asesinatos cometidos durante el encierro. Diez activistas han sido asesinados aquí desde que comenzó.

“Luchan por este territorio, es un baño de sangre, y nosotros – como comunidades y mujeres – estamos atrapados en medio de todo esto”, dice la Sra. Carabalí.

“Estamos atrapados en el medio pero durante esta cuarentena, tenemos que seguir trabajando para proteger a nuestra gente.”

La Sra. Carabalí ha recibido nueve amenazas de muerte desde 2016. Dolores también ha estado bajo constante amenaza por su trabajo y sobrevivió a un intento de asesinato a finales del año pasado.

“Muy intimidante

“Es muy intimidante, y todo lo que queremos hacer es trabajar como defensores de los derechos humanos”, dice la Sra. Carabalí. “Estamos en casa, y pueden seguirnos mucho más fácilmente”.

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Pie de foto: Los defensores de los derechos dicen que no se asustarán por las amenazas.

Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, dice que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las activistas de los derechos de la mujer, que ahora tienen “el triple o el cuádruple de trabajo” mientras luchan por protegerse no sólo a sí mismas sino también a sus familias y comunidades.

Sus actividades las exponen a la violencia a manos de los grupos armados que imponen su dominio en regiones donde las activistas ya son “vistas como mujeres que no deberían participar en el espacio público”.


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Si bien en general el número de hombres activistas asesinados en Colombia es mayor que el de mujeres activistas, la Sra. Cuesta sostiene que “cuando se pierde a una mujer líder, también se pierde todo un proceso de empoderamiento político que fue capaz de romper los estereotipos para conseguir que desempeñara ese papel”.

“Es mucho más difícil para las mujeres llegar a estas posiciones de liderazgo”.

A la Sra. Carabalí le preocupa que si personas como ella se retiran, sería un gran revés para su lucha por los derechos básicos.

A pesar del temor a consecuencias mortales para ella y su familia, dice que su trabajo es más crucial ahora que nunca.

“Alguien tiene que hacerlo”, dijo. “Alguien tiene que levantar la voz”.

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