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Colombia: Buscar la extradición del ex comandante paramilitar

El gobierno colombiano debería agotar urgentemente todas las vías legales para asegurar la extradición de un ex comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, desde los Estados Unidos, dijo hoy Human Rights Watch.

Mancuso, ex alto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, se encuentra en los Estados Unidos luego de cumplir una condena de prisión en ese país por tráfico de cocaína. Las autoridades colombianas parecen haber puesto poco esfuerzo en buscar su regreso. Debería rendir cuentas por sus atrocidades, y su testimonio sería valioso para descubrir toda la verdad sobre los crímenes y cómplices de los paramilitares.


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“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a descubrir la verdad sobre cientos de crímenes y asegurar la justicia para miles de víctimas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero las autoridades colombianas han hecho poco para asegurar su extradición, y lo que han hecho a menudo ha sido sorprendentemente descuidado”.

En 2015, un tribunal federal de los Estados Unidos condenó a Mancuso a 15 años de prisión por su papel en el tráfico internacional de drogas, en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad. En marzo de 2020, completó su sentencia. Personas cercanas a Mancuso han dicho a Associated Press que el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. ha ordenado su traslado a Italia, donde también tiene la ciudadanía, aunque eso todavía no ha ocurrido. Los tribunales de Colombia han condenado a Mancuso en más de 1.500 casos de asesinato o desaparición forzada que ha confesado, implicando a menudo a otros comandantes y políticos. Hay cientos de otras investigaciones penales pendientes en su contra. Italia y Colombia no tienen un tratado de extradición.


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En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó abruptamente a Mancuso y a otros 13 comandantes paramilitares para que se enfrentaran a cargos por drogas en los Estados Unidos. Uribe es el mentor del actual presidente Iván Duque y el líder del partido gobernante, el Centro Democrático. Los comandantes fueron enviados a Estados Unidos después de que la Corte Constitucional colombiana dictaminara que los paramilitares debían decir la verdad sobre sus crímenes y cómplices si querían recibir sentencias reducidas en virtud de la Ley de Justicia y Paz de 2005. En ese momento, la Corte Suprema estaba haciendo progresos significativos en la investigación de los miembros de la coalición de Uribe en el Congreso, así como de las autoridades estatales y locales, por colaborar con los paramilitares.

Desde los Estados Unidos, Mancuso continuó confesando crímenes en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, que otorga sentencias reducidas de hasta ocho años de prisión a combatientes paramilitares que se desmovilicen completamente, confiesen sus crímenes y entreguen sus bienes adquiridos ilegalmente. En noviembre de 2019, un tribunal de Bogotá llegó a la conclusión de que Mancuso había cumplido su condena en virtud de la Ley de Justicia y Paz en las cárceles de los Estados Unidos y le concedió la libertad condicional. Pero el 11 de agosto, un tribunal de apelación de Bogotá anuló la decisión de noviembre y ordenó el arresto de Mancuso. El tribunal pidió al Ministerio de Justicia que siguiera adelante con la extradición de Mancuso. La decisión del 11 de agosto se produjo después de una apelación por parte de un abogado de las víctimas y la oficina del fiscal general.


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Las autoridades colombianas todavía están llevando a cabo cientos de investigaciones por crímenes de guerra contra Mancuso, según los fiscales y los archivos de la corte. Si Mancuso confiesa estos crímenes y coopera con el sistema judicial, es probable que muchos de estos casos se consoliden con las condenas de Justicia y Paz. Sin embargo, según el fallo del Tribunal Constitucional, Mancuso podría perder sus beneficios de la ley de Justicia y Paz y estar sujeto a largas penas de prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus crímenes o no coopera con el sistema judicial.

Mancuso no tendrá incentivos para cooperar con el sistema de justicia colombiano si se le permite ir a Italia, dijo Human Rights Watch.

Las autoridades colombianas han hecho tres intentos de solicitar la extradición de Mancuso. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y algunos jueces han participado en la formulación de las solicitudes.


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En junio, los fiscales estadounidenses presentaron una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia en nombre de sus homólogos colombianos, instando a la extradición de Mancuso a Colombia para que cumpla una condena de 27 años por 2 casos de secuestro y asesinato en 1997, según muestran los archivos del tribunal revisados por Human Rights Watch. Pero días después, Colombia retiró repentinamente su solicitud. Aunque las autoridades colombianas no dieron ninguna razón, Human Rights Watch se enteró de que la solicitud fue retirada porque los tribunales colombianos ya habían consolidado el caso con las condenas de Justicia y Paz y consideraron que la sentencia de Mancuso había sido cumplida.

“Una revisión superficial de la condena pertinente de Justicia y Paz y una búsqueda en línea habrían bastado para identificar el error de Colombia en la solicitud de extradición”, dijo Vivanco.

Entre marzo y mayo, las autoridades colombianas prepararon otras dos solicitudes de extradición relacionadas con casos de asesinato, desplazamiento forzado y secuestro, según informaron fuentes judiciales a Human Rights Watch. Pero las autoridades estadounidenses rechazaron las solicitudes, aparentemente porque se basaban en cargos legales que no tienen una contrapartida bajo la ley estadounidense, un requisito estándar para la extradición desde los Estados Unidos. Con cientos de investigaciones pendientes contra Mancuso y con las autoridades colombianas teniendo tanta experiencia en el manejo de asuntos de extradición, las tres solicitudes defectuosas son difíciles de cuadrar con la importancia de este caso, dijo Human Rights Watch.


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Colombia también podría solicitar la extradición de Mancuso por un caso pendiente de lavado de dinero por el que fue acusado en 2014 que, si condujera a una condena, también podría ser una base para retirar los beneficios de la ley de Justicia y Paz. Funcionarios judiciales le dijeron a Human Rights Watch que el gobierno no ha seguido esta vía porque el caso de lavado de dinero está supuestamente pendiente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial creado en virtud de un acuerdo de paz de 2016 con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Jurisdicción Especial para la Paz no tiene derecho a solicitar extradiciones. En octubre de 2018, un juez del sistema judicial ordinario de Colombia “suspendió toda actividad judicial” en el caso de lavado de dinero porque algunos de los acusados – aunque no Mancuso – habían solicitado que el caso fuera revisado por la Jurisdicción Especial, dijo la fiscalía general en una declaración del 12 de agosto.


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Sin embargo, la presidenta de la Jurisdicción Especial, Patricia Linares, dijo en un comunicado ese mismo día que “no hay obstáculos para que Colombia solicite la extradición de Mancuso”. Hasta donde Human Rights Watch ha podido determinar, no se han hecho esfuerzos hasta ahora por reactivar el proceso de blanqueo de dinero para solicitar una extradición.

Mancuso también ha solicitado la revisión de la Jurisdicción Especial de algunos de sus casos. Su solicitud, que ha sido examinada por Human Rights Watch, se refiere a casos de los decenios de 1980 y 1990, y no incluye el presunto blanqueo de dinero, que se produjo después de su desmovilización, a mediados del decenio de 2000. En junio de 2020, un panel judicial de la Jurisdicción Especial rechazó la solicitud de Mancuso. Como dejó claro Linares en su declaración del 12 de agosto, la apelación del rechazo no es un obstáculo para solicitar su extradición.

El presidente Duque dijo a los medios que quiere que Mancuso regrese a Colombia o que se le pida cuentas en el extranjero. “En el momento en que pise suelo italiano, haré personalmente una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea juzgado por estos crímenes”, dijo Duque a la revista Semana.

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo puede ocuparse de los casos cuando las autoridades nacionales no llevan a cabo verdaderos procedimientos. El prolongado examen preliminar del fiscal de la CPI sobre la situación en Colombia incluye la evaluación de los procedimientos nacionales relacionados con los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares.

“En lugar de toda esta postura sobre la CPI, el presidente Duque debería tomarse en serio la necesidad de garantizar que su propio gobierno haga esfuerzos genuinos y exhaustivos para asegurar la extradición de Mancuso”, dijo Vivanco.

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